Actuar hoy para no lamentarnos mañana -COM 1417-

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, advierte una vez más sobre las profundas dificultades existentes en las distintas producciones, tras casi cinco años de continuos reclamos.

Entramos al 2010, año del bicentenario de la patria, con irresueltos conflictos sectoriales, un nivel de confrontación por parte del gobierno sin antecedentes, y con la clara percepción de que los problemas inherentes a este sector tan importante de la economía argentina son soslayados bajo prejuicios ideológicos por quienes deberían administrar con equilibrio y mesura los intereses de todos.

La creación de un Ministerio de Agricultura, sin la plenitud de sus atribuciones y competencias como organismo rector de las políticas agroalimentarias, basta para entender cual es la relevancia que el sector tiene para esta administración. Ninguna.
Sólo interesa como mero proveedor de ingresos frescos vía retenciones de la soja, cultivo que se ha extendido por toda la zona agrícola, desplazando a otros muy importantes para la sustentabilidad del sistema, como así también a la ganadería hacia zonas marginales.

El trigo atraviesa la peor situación al concluir los días de cosecha y no existir precio real para el cereal, debido al esquema comercial planteado por el Gobierno Nacional con la participación de exportadores y molineros
Decíamos meses atrás que el convenio firmado con los exportadores iba a volver a fracasar, porque no se promovían las reglas del mercado y se mantenía al margen del mismo a la producción.
No estábamos equivocados, la concentración avanza, y desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ratificamos que el convenio firmado por el sector exportador y el Gobierno Nacional no permitió cumplir el objetivo de abrir las exportaciones de trigo y maíz ni revertir en absoluto la actual situación de incertidumbre que atraviesan los productores.
Aquel convenio que obligaba a los exportadores a no desabastecer el mercado interno, hecho que entendemos razonable, ha condicionado comercialmente a las Cámaras Arbitrales con la asignación del precio FAS teórico, que para ambos cereales publica y manipula el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y que además se incumple.
El acuerdo no ha otorgado ninguna señal hacia el productor triguero para que siga sembrando trigo en el futuro, y menos aún a quien esta terminando de cosechar en estos días.
Sobre la cebada recaen las mismas objeciones, ya que su precio históricamente esta fijado de acuerdo al del trigo (80 /90 % del valor de aquel). Al no haber precio de trigo, el de la cebada es aún más incierto.
El maíz padece una situación similar a la del trigo. Los precios pagados a los productores estuvieron siempre por debajo de la posibilidad de pago de los compradores, y las intervenciones han resultado muy perjudiciales y han destruido el sistema de comercialización en este cultivo que, por sus características, requiere mucha inversión.
En el caso de la ganadería, la política oficial errónea ocasionó la pérdida de mercados externos y una merma en el ingreso de divisas, poniendo en serio riesgo la continuidad del sistema productivo ganadero.
El inicio de esta crisis se remonta a fines de 2005 con la implantación del peso mínimo de faena, para continuar en el 2006 con la prohibición de las exportaciones de carnes, y con la sanción de cuotas de exportación que limitaron la demanda externa y fragmentaron la competencia entre las empresas exportadoras. Le siguió la sanción de las licencias de exportación, los llamados ROE y una andanada de resoluciones destinadas a controlar los precios del ganado y de las carnes. Mas tarde se obligó a las empresas frigoríficas a mantener el 75 por ciento de sus stocks con destino al consumo interno –Encaje Ganadero- en medio de amenazas a cargo de la Secretaria de Comercio Interior y del entonces presidente de la ONCCA Dr. Ricardo Echegaray.
Como consecuencia, a partir de fines de 2006, se inicio un aumento importante de la faena de vientres. Se pergeñó entonces un sistema de subsidios al engorde en corral, que por su magnitud y compleja administración, no ha podido contener la declinación mencionada, amén de las denuncias por corrupción, que investiga la Justicia a instancias del Congreso , las cuales fueron generadas por el sistema implementado.
Algunas cifras lo muestran con precisión. La faena de hembras de los dos últimos años ha superado el 50 por ciento y es indicativa de un proceso de liquidación de vientres productivos. A ello se suma la mortandad de ganado en los campos, ocurrida en el año último, fruto de la sequía y de la falta de recursos y el debido auxilio que hubiera permitido proveerles alimento y agua.
La política ganadera gubernamental consistente en promover el consumo interno a costa de la exportación, ha vuelto a colocar en más de 70 kilos el consumo nacional de carne vacuna, el más alto del mundo, mientras que a raíz de esto las ventas externas, a partir de las 770.000 toneladas en 2005, se redujeron a 550.000 como promedio en 2006 y 2007, para declinar aún más en 2008 con 430.000 toneladas, una formidable deserción argentina en los mercados mundiales.
La Argentina cedió así su lugar a Brasil y Uruguay en el ranking de exportadores de carnes, arribando al 2009 con exportaciones por 500 mil toneladas pero de “stock productivo ganadero”, y no por incremento de producción, por lo que esta situación lejos de ser motivo de festejo, debería incrementar significativamente nuestra preocupación por el futuro de la actividad ganadera nacional.
Llegamos a 2010 con serias dificultades para proveer a un mercado sostenido en el consumo con la oferta de carne actual, incluso con un aumento en el precio de la misma por la escasa oferta provocada por las erróneas políticas implementadas por el Gobierno.
La principal y máxima responsabilidad por la falta(o por la carencia) de un virtuoso marco político para que el productor pueda producir en un marco de libertad y sustentabilidad, es del Gobierno Nacional.

Si la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, entiende que en este estado de situación no es imperioso manifestarse taxativamente en defensa de la producción nacional acataremos lo resuelto, sin perjuicio de continuar defendiendo los legítimos reclamos de acuerdo al mandato emanado de nuestras rurales afiliadas de Buenos Aires y La Pampa.

CARBAP reitera, que a espaldas del sector productor, el Gobierno Nacional realiza acuerdos y toma decisiones que lejos de solucionar los problemas productivos, y sociales que ya padecen las comunidades del interior y el país, se recuestan en viejas recetas, de reiterado fracaso.

Tal accionar solo tiene como objetivo dividir a la dirigencia agropecuaria y dilatar las soluciones a los vastos problemas sectoriales, hecho que no podemos de manera alguna aceptar y que enérgicamente denunciamos.