La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, repudia el manoseo de alto riesgo institucional pergeñado por el Gobierno Nacional, al pretender remover al presidente del Banco Central sin el visto bueno del Congreso Nacional.
El Gobierno no ignora que el presidente del Banco Central de la Republica Argentina es un funcionario nombrado con acuerdo del Congreso Nacional, y que por lo tanto no puede ser removido simplemente por decreto presidencial sino mediante procedimiento legislativo específico, y menos aún en el contexto de una profunda voracidad en la estrategia de hacerse de reservas que no repara en limite alguno por parte de un Gobierno insaciable, que ha dilapidado los recursos de las épocas de bonanza económica, e incrementado el gasto publico de manera exhorbitante e ineficiente, visto los actuales niveles de pobreza e indigencia que tiene nuestro país.
Así fue que avanzó sobre los 100.000 millones de fondos atesorados con la estatización del régimen de AFJP, que le garantizan al Estado ingresos extra por unos 13.000 millones anuales, que son plata de los futuros jubilados y no de todos los argentinos. Sumó a ello una reforma al Presupuesto de 2009 que le permite al Gobierno utilizar hasta el 30 por ciento de los depósitos de los organismos oficiales en el Banco Nación, para amortizar deudas o gastos de capital, lo cual representa 9.000 millones de pesos disponibles, además de poder aplicarse al pago de cualquier obligación en moneda extranjera, y de cubrir vencimientos con organismos multilaterales con adelantos del Banco Central al Tesoro Nacional.
Siguió avanzando ante necesidades de caja y tomó los 2.500 millones de dólares que el Central había recibido por la parte que a la Argentina le tocó en la ampliación del capital del Fondo Monetario Internacional.
También echó mano de 5.250 millones de pesos del llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS que, entre otras cosas, sostiene el financiamiento del sistema previsional y el pago de las prestaciones, y sobre fines de 2009, en la ultima semana, sumo 700 millones de pesos provenientes del PAMI, la Obra Social de los Jubilados a cambio de un papel, una Letra en este caso.
Ni hablar de los miles de millones de dólares que viene engullendo de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, restándole inversión y por ende crecimiento y capital de trabajo al interior del país. Y ahora pretende tomar de manera ilegal 6.569 millones de dólares atesorados en el Banco Central, para cancelar deudas de organismos multilaterales y acreedores privados y así poder abrir un nuevo canje de deuda que permita mantener o incrementar el fenomenal e ineficiente gasto público.
La Carta Orgánica del Banco Central de la Republica Argentina expresa claramente que el pedido de remoción de los integrantes del directorio por parte del Poder Ejecutivo sólo podrá hacerse efectivo cuando se registre un "incumplimiento de las disposiciones contenidas" en el texto fundacional, caso que no ocurre en esta oportunidad. Como así también aclara que
“la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera del Banco no estará sujetas a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional".
Es clara la Carta Orgánica al expresar “"El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar, sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales".
Desde CARBAP entendemos que el permanente y pretendido avasallamiento a las instituciones por parte de este Gobierno, que no tiene antecedentes, no debiera ser permitido por quienes tienen el deber constitucional de custodiar y hacer respetar las instituciones de nuestro país.
El Gobierno no ignora que el presidente del Banco Central de la Republica Argentina es un funcionario nombrado con acuerdo del Congreso Nacional, y que por lo tanto no puede ser removido simplemente por decreto presidencial sino mediante procedimiento legislativo específico, y menos aún en el contexto de una profunda voracidad en la estrategia de hacerse de reservas que no repara en limite alguno por parte de un Gobierno insaciable, que ha dilapidado los recursos de las épocas de bonanza económica, e incrementado el gasto publico de manera exhorbitante e ineficiente, visto los actuales niveles de pobreza e indigencia que tiene nuestro país.
Así fue que avanzó sobre los 100.000 millones de fondos atesorados con la estatización del régimen de AFJP, que le garantizan al Estado ingresos extra por unos 13.000 millones anuales, que son plata de los futuros jubilados y no de todos los argentinos. Sumó a ello una reforma al Presupuesto de 2009 que le permite al Gobierno utilizar hasta el 30 por ciento de los depósitos de los organismos oficiales en el Banco Nación, para amortizar deudas o gastos de capital, lo cual representa 9.000 millones de pesos disponibles, además de poder aplicarse al pago de cualquier obligación en moneda extranjera, y de cubrir vencimientos con organismos multilaterales con adelantos del Banco Central al Tesoro Nacional.
Siguió avanzando ante necesidades de caja y tomó los 2.500 millones de dólares que el Central había recibido por la parte que a la Argentina le tocó en la ampliación del capital del Fondo Monetario Internacional.
También echó mano de 5.250 millones de pesos del llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS que, entre otras cosas, sostiene el financiamiento del sistema previsional y el pago de las prestaciones, y sobre fines de 2009, en la ultima semana, sumo 700 millones de pesos provenientes del PAMI, la Obra Social de los Jubilados a cambio de un papel, una Letra en este caso.
Ni hablar de los miles de millones de dólares que viene engullendo de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, restándole inversión y por ende crecimiento y capital de trabajo al interior del país. Y ahora pretende tomar de manera ilegal 6.569 millones de dólares atesorados en el Banco Central, para cancelar deudas de organismos multilaterales y acreedores privados y así poder abrir un nuevo canje de deuda que permita mantener o incrementar el fenomenal e ineficiente gasto público.
La Carta Orgánica del Banco Central de la Republica Argentina expresa claramente que el pedido de remoción de los integrantes del directorio por parte del Poder Ejecutivo sólo podrá hacerse efectivo cuando se registre un "incumplimiento de las disposiciones contenidas" en el texto fundacional, caso que no ocurre en esta oportunidad. Como así también aclara que
“la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera del Banco no estará sujetas a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional".
Es clara la Carta Orgánica al expresar “"El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar, sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales".
Desde CARBAP entendemos que el permanente y pretendido avasallamiento a las instituciones por parte de este Gobierno, que no tiene antecedentes, no debiera ser permitido por quienes tienen el deber constitucional de custodiar y hacer respetar las instituciones de nuestro país.
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