La Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa –CARBAP- expresa su profunda preocupación ante los proyectos
en tratamiento en el Congreso Nacional destinados a reformar el sistema
judicial.
El conjunto de leyes
enviadas por el Ejecutivo Nacional al Congreso promueve una clara desinstitucionalizacion
del país que pone en riesgo la indispensable y necesaria división de poderes
que consagra nuestra Carta Magna.
La reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, anula
la intención y finalidad de la reforma constitucional de 1994 que instituyó ese
órgano, que era contar con una institución estatal de control de nombramientos
y remociones de jueces, que fuera “independiente del poder político”.
La elección popular de los Consejeros que tienen el poder de
nombrar y remover a los magistrados, incluidos los Jueces que se postulen para
representar a los magistrados, integrando listas electivas en las boletas
partidarias, lleva a la directa consecuencia que los futuros jueces a designar
por el Consejo, deberán también ser del gusto del Partido que obtenga la mayor
cantidad de votos, postergando el requisito de idoneidad que consagra el
artículo 16 de la Constitución Nacional y degradando la jerarquía de la función
judicial, pues aquel que aspire a ingresar, deberá asegurarle al partido
político dominante, su sometimiento, resignando su dignidad y convirtiendo en
letra muerta las garantías constitucionales.
La reducción de la mayoría necesaria para destituir a un juez, siendo
suficiente la simple mitad más uno de los votos, reduce las garantías de una
destitución sólidamente aprobada por el Consejo, generando una mayor
inestabilidad para los magistrados como así también es claramente
discriminatoria la condición exigible a los profesionales aspirantes de ser
graduados de universidades publicas , violando el principio de igualdad y
contradiciendo a toda la legislación y demás normativa que autoriza la
obtención de títulos de grado habilitantes de diversos institutos sin
distinción.
Si a ello
agregamos la intención de establecer restricciones a las “medidas cautelares”,
que son las protecciones durante el proceso para que no se lesione
definitivamente un derecho antes de conocerse la decisión judicial definitiva,
equivale a eliminar la defensa plena de los derechos de los individuos frente
al Estado, ya que, las sentencias, aunque sean favorables, siempre serán
tardías respecto de las lesiones ya sufridas durante el plazo del juicio.
Es por
eso que alertamos a la ciudadanía, sobre el grave peligro que conlleva esta
reforma que transformara nuestro sistema democrático, republicano y federal en
populista, colectivista, autoritario y estatizante, sin necesidad de
reformar la Constitución Nacional, otorgando a una persona o a un partido
político la suma del poder público y la posibilidad de someter a su voluntad la
vida, el honor o la fortuna de los argentinos, como lo prohíbe expresamente el
art 29 de la Constitución Nacional y violando el Pacto de San José de Costa Rica (sobre derechos humanos, que desde 1994
tiene jerarquía constitucional para nosotros) el que obliga a nuestros Estados
(el Nacional y los Provinciales) a garantizar al máximo la protección de las
personas para acceder a la Justicia y preservar sus derechos durante los
procesos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario