La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa se ve nuevamente en la obligación de rechazar las acciones emprendidas por el Gobierno nacional y aclarar a la opinión pública sobre la realidad de la situación de la producción lechera.
En un nuevo intento por ocultar contradicciones, inconsistencias e improvisación en la gestión de políticas lecheras, la Presidente se escuda en el contexto de la crisis financiera internacional para impulsar un “acuerdo” por el precio de la leche que, evidentemente, apunta a intentar paliar un problema que el mismo Gobierno ha generado. Las trabas a la exportación – con la consecuente pérdida de mercados, de ventas ya realizadas y de la confianza de los importadores - y las intervenciones en el mercado interno, han amplificado los efectos del contexto actual manifestado con una caída abrupta de precios internacionales, el aumento de la oferta estacional, señales de menor consumo, generando al mismo tiempo sobrestocks de productos lácteos. Las consecuencias son concretas, cierres de PYMES o reducción de su elaboración derivando leche en condiciones inciertas, elevados stocks, atrasos y diferimentos en los pagos, un mercado interno sobreofertado con aumento de bonificaciones y segundas marcas (menores precios) y productores y pymes industriales descapitalizadas.
La política de desacople de precios que llevó a cabo este Gobierno desde abril de 2007, impulsada y pergeñada por Guillermo Moreno, a través de la cual se fijaba un precio máximo del precio de la leche que llegó a significar diferencias de más del 40% entre el precio interno y el externo, significó una enorme transferencia de recursos en perjuicio de los productores hacia otros sectores de la cadena lechera que sí tenían posibilidad de cobrar precios internacionales.
Los productores lecheros argentinos no han vivido momentos de “bonanza”, como le gusta señalar a la Presidenta, y vieron pasar una vez más el tren de los buenos precios internacionales de su producción. CARBAP ha denunciado permanentemente que este tipo de políticas regresivas impactan siempre sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva, es decir sobre los pequeños productores, de quienes el Gobierno insiste en arrogarse la defensa. Sin embargo las cifras de organismos, que también se encuentran en la órbita del Estado, muestran a las claras que lo único que realmente genera este tipo de políticas es más concentración dentro de la actividad y expulsión y cierre de tambos.
Hoy, en un contexto de inestabilidad global, este tipo de acuerdos que se realizan de espaldas a la gran mayoría del sector y que insisten en impulsar metodologías cortoplacistas que ya vienen demostrando ser ineficaces (durante el último acuerdo la mayoría de las industrias lácteas pagó al productor precios por debajo del precio fijado), agrega más incertidumbre a un sector al cual le es imposible planificar y sostener su producción en base a acuerdos forzados de 90 días. Es por ello que insistimos, que en el actual contexto, se deben liberar los precios de los lácteos en el mercado interno como así también las exportaciones derogando todas las regulaciones que las dificultan.
Por último debe quedar claro que el actual sistema de subsidios sólo beneficia innecesariamente a los sectores de mayores ingresos. Se debe asistir a los sectores de menores recursos con ingresos dignos y en forma directa. El Gobierno no debería aferrarse únicamente a distribuir pobreza sino a brindar las condiciones para generar legítima riqueza. Los esfuerzos realizados, con aprietes y presiones, por parte de funcionarios inescrupulosos nuevamente propiciará magros resultados.
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