Preocupa profundamente a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa la ley promovida por el gobierno pampeano que quita de producción unas 40 mil hectáreas agrícolas.
La ley Gestión Integral de Plaguicidas aprobada por la Legislatura Provincial impide la aplicación terrestre a 500 metros de áreas urbanas y cursos de agua, y aplicaciones aéreas a 3000 metros, ademas de algunas inconsistencias como necesitar aprobación municipal para decisiones agronomicas dentro del radio de 2500 metros a partir del limite de 500 metros impuesto.
Sin haber escuchado a la Coprosave (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal), creada con representantes del sector académico, la producción, INTA y SENASA por el anterior mandatario provincial Carlos Verna con el fin de elaborar un documento para actualizar la Ley de Agroquimicos pampeana, los legisladores oficialistas optaron por no tener en cuenta ese documento elaborado y consensuado durante 3 años, y aprobar el proyecto enviado por el ejecutivo provincial sin modificaciones.
Sin fundamentos claros, ni criterios aplicados para determinar dichas distancias, y desconociendo las tecnologías disponibles en la actualidad para impedir pulverizaciones con condiciones climáticas adversas, desde la Subsecretaria de Ambiente de La Pampa, han propuesto que la provincia se pegue un tiro en el pie al quitar de producción el 10 % del área agrícola de la provincia y comprometer condicionando a autorizaciones municipales un 40 % de la misma.
La imposibilidad de controlar a los que hacen mal las cosas, ha llevado al estado provincial a prohibir por prohibir, sin considerar las consecuencias productivas, económicas y sociales que la misma tendrá.
Desde CARBAP entendemos que La Pampa necesita de una ley que sin desalentar ni disminuir la producción, prevenga y cuide la salud humana y ambiental. La Pampa necesita de una ley que no atrase, y haga uso de las tecnologías disponibles para eliminar cualquier riesgo posible.
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