La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifiesta la confirmación de las objeciones que presentaron las entidades del campo en referencia al acuerdo suscripto entre el Gobierno Nacional y las empresas exportadoras de granos.
Habiendo transcurrido un lapso de tiempo suficiente como para evaluar el impacto de la medida, CARBAP reafirma su mirada crítica a este tipo de acuerdos que detrás de una retórica que proclama la voluntad de abordar la problemática del sector rural, esconde una finalidad clara de transferencia de recursos hacia los sectores de la exportación que se suma a una asfixiante carga impositiva.
Los resultados del acuerdo están a la vista: el productor sigue sin contar con reglas claras para planificar su inversión. El precio de lo que produce se encuentra atado al humor y a las necesidades fiscales de un Gobierno que utiliza la estructura del Estado tanto para disciplinar a los sectores que se oponen a su línea de acción como para promover los negocios de los grupos que le son afines.
Desde el anuncio realizado el pasado 10 de septiembre, el precio del trigo que se paga al productor argentino se ha visto reducido en un 14%. Al momento de la comunicación del acuerdo la tonelada se encontraba en el orden de los 150 u$s, hoy está en 130 u$s. Esta tendencia contrasta con las subas registradas en el mercado internacional ocurridas durante el mismo período. El trigo es una de las producciones más castigadas por la política agropecuaria del Gobierno, muestra incontrastable de ello es la última cosecha que ha sido la peor de los últimos 100 años.
Los acuerdos como este, que el Poder Ejecutivo anuncia como soluciones, sólo profundizan los problemas de la producción ya que lejos de generar mercados transparentes y relaciones justas entre los diferentes eslabones de la cadena, enturbian la actividad beneficiando siempre a aquellos que se encuentran más cerca del poder.
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