CARBAP rechaza la intervención al mercado del maíz y se declara en estado de alerta y movilización - COM 2088

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)  rechaza la suspensión del registro de Declaraciones Juradas de Venta al exterior (DJVE) y repudia cualquier forma de intervención en los mercados.

Mienten desde el Gobierno al decir que basan esta decisión en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, porque restan casi 8 millones de toneladas de maíz para volcar al mercado interno de acuerdo a los datos del Minagri.

Deberían argumentar con la verdad, y expresar que se debe a su impericia para disminuir la brecha cambiaría, a la imposibilidad de poder controlar la inflación y peor aún, a la incapacidad de poder implementar recetas o
instrumentos que no hayan fracasado en el pasado.

Con estas señales al sector productivo, lejos se está de desincentivar actitudes inflacionarias, sino todo lo contrario, se ocultan incapacidades, prebendas y porque no negociados y corrupción como consecuencia de la ausencia de políticas sectoriales, de control y de fiscalización.

La impericia en el manejo de las políticas sectoriales provoca una vez más que la desconfianza, la imprevisibilidad, y el temor a seguir reinvirtiendo se apodere del productor agropecuario.

Claramente se ve que el actual gobierno no aprendió nada de los errores del pasado. Afortunadamente los productores hemos aprendido, y no volveremos a cometer los mismos errores.

Más firmes que nunca, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa se declara en alerta y movilización.

Contacto para notas
Matias de Velazco, Presidente
02983-15-646900

La Justicia, su Corte Suprema y autoridades, centrales para la República. COM 2087

Desde CARBAP entendemos que la plena vigencia de la República, sistema de gobernanza argentino, está garantizada cuando se encuentra asegurada la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente.

Cualquier reforma al sistema judicial que se pretenda realizar, debe mantener la independencia de la misma. Sin sistemas regulatorios que condicionen su independencia.

Si se busca mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el juicio por jurados, debe evitarse politizarse la justicia, aún más de lo que está actualmente. Es imperante para ello, tener un Consejo de la Magistratura más eficiente y transparente, que deje de lado la discrecionalidad política, impidiendo muchas veces que los mejores postulantes ganen los concursos y que los jueces que garantizan la impunidad continúen en sus cargos.

El Poder Judicial, es central en el funcionamiento de una República al garantizar los derechos y garantías planteados en nuestra Constitución Nacional.

Es por ello que desde CARBAP entendemos que NO podemos permitir que intereses personales en busca de impunidad interfieran para modificar el sistema que rige la convivencia civilizada de toda la población, y menos aún que la falta de institucionalidad impida el crecimiento y desarrollo del país. 

Los fallos de la Justicia no hacen fracasar a un gobierno, sino su impericia para gobernar.

Desde CARBAP, hacemos nuevamente un llamado al presidente de la Nación Alberto Fernández para que no se inicie en su gestión el camino de degradación de la justicia, el camino de la destrucción de la República.

Achicar el campo pampeano, empobrece la provincia- COM 2086

Preocupa profundamente a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa la ley promovida por el gobierno pampeano que quita de producción unas 40 mil hectáreas agrícolas.

La ley Gestión Integral de Plaguicidas aprobada por la Legislatura Provincial impide la aplicación terrestre a 500 metros de áreas urbanas y cursos de agua, y aplicaciones aéreas a 3000 metros, ademas de algunas inconsistencias como necesitar aprobación municipal para decisiones agronomicas dentro del radio de 2500 metros a partir del limite de 500 metros impuesto.

Sin haber escuchado a la Coprosave (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal), creada con representantes del sector académico, la producción, INTA y SENASA por el anterior mandatario provincial Carlos Verna con el fin de elaborar un documento para actualizar la Ley de Agroquimicos pampeana, los legisladores oficialistas optaron por no tener en cuenta ese documento elaborado y consensuado durante 3 años, y aprobar el proyecto enviado por el ejecutivo provincial sin modificaciones.

Sin fundamentos claros, ni criterios aplicados para determinar dichas distancias, y desconociendo las tecnologías disponibles en la actualidad para impedir pulverizaciones con condiciones climáticas adversas,  desde la Subsecretaria de Ambiente de La Pampa, han propuesto que la provincia se pegue un tiro en el pie al quitar de producción el 10 % del área agrícola de la provincia y comprometer condicionando a autorizaciones municipales un 40 % de la misma.

La imposibilidad de controlar a los que hacen mal las cosas, ha llevado al estado provincial a prohibir por prohibir, sin considerar las consecuencias productivas, económicas y sociales que la misma tendrá.

Desde CARBAP entendemos que La Pampa necesita de una ley que sin desalentar ni disminuir la producción, prevenga y cuide la salud humana y ambiental. La Pampa necesita de una ley que no atrase, y haga uso de las tecnologías disponibles para eliminar cualquier riesgo posible.

Pobreza intelectual en la sanción en el Senado de la modificación de la ley de Manejo del Fuego - COM 2085

La reciente sanción en el Senado Nacional de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego 26.816, las cuales prohíben por el término de treinta (30) años desde la extinción del fuego cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio, independientemente si el incendio fuera provocado o accidental, claramente atenta contra el productor agropecuario y su seguridad jurídica.

Esta nueva prohibición, además, se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la ley de bosques por hasta sesenta (60) años.

Es de destacar que estas restricciones afectan profundamente el derecho de propiedad, además de ser aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios en el caso de situaciones naturales, provocados por terceros o accidentales, tan comunes en el sur de nuestras provincias de Bs As y La Pampa en campos lindantes a vías del ferrocarril en tiempos de seca. Se trata de una situación insólita e inconstitucional, porque se impide disponer del inmueble alterando el derecho a la propiedad.

Del mismo modo los propietarios deben soportar las consecuencias de la ineficiencia de un Estado que no es capaz ni de prevenir incendios tanto accidentales o como consecuencia de actos de vandalismo como así tampoco de aprehender y someter a la justicia a quienes lo hubieran originado.

Estas modificaciones a la ley, que limitan el uso privado y comercial de tierras incendiadas, plantean una mirada prejuiciosa y muy injusta sobre el productor agropecuario, en quien recae la culpabilidad del hecho aun no siendo responsable, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna y restricciones por décadas.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), entendemos que esta nueva ley es el resultado de la incapacidad intelectual de los legisladores en la búsqueda de herramientas lógicas, inteligentes y realistas para atender una problemática seria y compleja, ante la fácil y sencilla receta de aplicar políticas partidarias en temas legislativos nacionales, actitudes revanchistas y castigos en lugar de reales soluciones autosaboteando al país al condenar previamente al productor impulsando normas que promueven incertidumbre sectorial .